Ya no me DAS más problemas..

El DAS se acabó el día en que cumplió 58 años

La nueva agencia de inteligencia arrancará en forma en enero próximo.

El presidente Juan Manuel Santos firmó el lunes el decreto que puso fin a la existencia del DAS, justo cuando este polémico organismo de seguridad, cuya liquidación había sido anunciada tras los escándalos de las 'chuzadas', cumplía 58 años.

Según Santos, unos 3.000 funcionarios que se desempeñaban en labores de policía judicial en el DAS pasarán al CTI de la Fiscalía, que, además, tomará posesión del edificio de la liquidada institución, en el sector de Paloquemao, en Bogotá.

El área de Extranjería, que se dedicaba a asuntos de migración, será una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, a donde irán 800 funcionarios.

Por otro lado, los esquemas de seguridad serán del resorte del Ministerio del Interior, que contará con una agencia de protección, dirigida por Andrés Villamizar, quien se venía desempeñando como subdirector de seguridad ciudadana del ministerio. Allí serán enviadas 600 personas.

La expedición de antecedentes judiciales pasará a la Policía Nacional, que a principios del 2010 había asumido las funciones de Interpol, por años adscritas al DAS.

En todo caso, el Presidente anunció que el trámite del pasado judicial se acabará para el ciudadano. Es decir, ya no tendrá que ir a buscarlo, sino que las empresas podrán acceder a una base de datos para consultar los antecedentes de las personas que contratan.

A la Policía serán incorporados 400 agentes del DAS.

La nueva agencia de inteligencia que reemplaza a este organismo, y que según conoció EL TIEMPO llevará el nombre de Anic, dependerá de la Presidencia y tendrá su sede cerca del Ministerio de Defensa.

Un grupo no mayor de 100 funcionarios del DAS irá a trabajar al nuevo organismo, al que dirigirá el almirante Álvaro Echandía, ex comandante de la Armada Nacional, y que se concentrará en labores de inteligencia.

En los planes del Gobierno está que en enero próximo ya esté en marcha la Anic y que los funcionarios que sean reubicados estén con sus nuevas funciones.

EL TIEMPO supo que al frente del proceso de supresión del DAS no estará Felipe Muñoz, actual director y quien diseñó la liquidación, sino posiblemente el manizaleño Ricardo Fabio Giraldo. Incluso, Muñoz se despidió ayer de la institución y los funcionarios con un video que circuló por la red interna, en el que decía que su tarea había terminado y daba un paso al costado.

La historia

El DAS ha sido uno de los organismos del Estado más polémicos.
En 1953, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, fue creado con el nombre de Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), pero siete años después, en medio de polémicas de sus directores, debió ser 'reinventado' con el nombre de Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El organismo jugó un papel importante en la lucha contra el narcotráfico en la década de los 80, pero también fue manchado con la infiltración de la mafia. Muchos de sus hombres terminaron enredados con las personas a las que debían combatir e, incluso, fueron entrenadas, según el testimonio de desmovilizados, por grupos paramilitares y por el mercenario israelí Yair Klein.

En la más reciente condena contra el ex director del DAS Jorge Noguera, a 25 años de prisión, la Corte Suprema señaló que esa institución fue puesta al servicio de los paramilitares.

Meses después se destapó el escándalo de las interceptaciones ilegales contra magistrados, congresistas, miembros de ONG y periodistas, que le puso punto final a medio siglo de esa entidad.

Fin al trámite del pasado judicial
Antes de finalizar el año se acabará esa diligencia

Durante la firma de la liquidación del DAS, el Presidente anunció que "de aquí a final de año" será eliminado el trámite de antecedentes judiciales.

"Las empresas o los interesados en investigar si un ciudadano tiene un antecedente judicial, van a poder acceder a las bases de datos para poder verificar, pero ya no va a ser el ciudadano el que tenga que ir a conseguir ese certificado", dijo Santos y agregó que la medida hace parte de la llamada 'cruzada antitrámites'

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10674948.html

Cuando uno cruza la frontera  y entra en Colombia, en su pasaporte le estampan un sello de entrada donde son bien visibles las siglas DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Teóricamente este organismo del estado es el que controla todos los datos de todos los ciudadanos colombianos o extranjeros que circulan por  Colombia; cuando digo teóricamente es porque los escandalos que han convertido al DAS en un nido de corrupción, dan a entender que ese control no era igual sobre todas las personas. Había algunas más controladas que otras, y dentro de esas otras no controladas, había algunas en absoluto controladas, circunstancia que les daba la capacidad de actuar con total libre albedrio. Por contra, y eso es aun más grave, se utilizó el DAS para controlar a personas molestas para el poder, incluyendo periodistas, miembros de asociaciones y ONGs, además de magistrados, políticos y congresistas. Aunque esta circumstancia no nos ha de extrañar, teniendo en cuenta la situación en la que vive Colombia. Digamos que el DAS más que de ocuparse de temas de delincuencia y droga, primaba la cuestión política; en cierto modo esto lo hacen todos los gobiernos, desde Estados Unidos hasta cualquier democracia europea. El error del DAS fué extralimitarse en el control de miembros de las mismas instituciones, cosa que a la larga le paso factura, y esos miembros controlados nunca le perdonaron.

Es curiosa la labor de Santos, antiguo ministro de defensa de Alvaro Uribe, y ahora presidente de Colombia, perece que ha decidido deshacerse de sus antiguos socios y colaboradores; cosa por un lado positiva, pero que de alguna manera indica que ese "vacio" debe estar llenandose de otra cosa. Y puestos a pensar, es indudable la deuda que tiene el presidente Juan Manuel Santos con la magistratura. Si no fuese por los jueces, que condenaron a Álvaro Uribe a no poder presentarse a la reeleción, sin duda Santos no sería hoy presidente. ¿Tendrá esto que ver con la extinción definitiva del DAS? Yo no pondría la mano en el fuego para decir que no.

No se puede equiparar terrorismo de estado con violencia insurgente..

Perú: ministro sugiere un indulto a militares y guerrilleros

La amnistía planteada para los casos de violaciones de derechos humanos por parte del ministro de Trabajo peruano, Rudecindo Vega, despertó las críticas de varias ONG por el posible perdón a miembros del Ejército, funcionarios del gobierno de Alberto Fujimori y guerrilleros de Sendero Luminoso.

Los presos condenados quedarían afuera del beneficio del perdón - AFP

El ministro de Trabajo de Perú, Rudecindo Vega, planteó una amnistía política que incluya a condenados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno de 1980-2000 para poder emprender la reconciliación nacional, una propuesta que fue respaldada por un movimiento vinculado a los presos de Sendero Luminoso.

"Yo siento que el país tiene que entrar en un proceso de reconciliación política nacional. Lo que creo es que tenemos que dar amnistía en todos los sectores", lo que incluiría a guerrilleros, militares y políticos, afirmó Vega en el programa ADN Político, de Canal N de Lima.

AMNISTÍA PARA TODOS

El funcionario señaló que "cuando se entra en un proceso de reconciliación nacional, por más duro que suene, tiene que haber perdón y olvido para todos".

Argumentó que es necesario "tender puentes para consolidar el crecimiento económico del país para hacer sostenible la inclusión social".

Preguntado sobre a quiénes debería favorecer una medida como la que propone, el ministro respondió: "Se debería dar amnistía para todos".

Tras sus afirmaciones, Vega aclaró a la radio RPP que su opinión es "personal" y que no "es la voz del gobierno", a la vez que ratificó su postura a favor de un "acuerdo político nacional" sobre el tema para que sea debatido por el Congreso.

Al conocerse su propuesta, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), que sigue las directivas de Abimael Guzmán, el líder histórico de la organización maoísta Sendero Luminoso condenado a cadena perpetua, apoyó en un comunicado las declaraciones de Vega.

El Movadef, que ahora plantea una "lucha política sin armas", aseguró que la iniciativa de Vega confirma sus posiciones.

"La amnistía general se abre paso, ya es una tendencia social y se impondrá más temprano que tarde porque es la única forma de solucionar políticamente los problemas derivados de la guerra interna de 1980-2000", indicó Alfredo Crespo, abogado de Guzmán.

Grupos de defensa de los derechos humanos rechazaron la propuesta de Vega porque dejaría en libertad a los condenados por violaciones a estos derechos como el ex presidente Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años de cárcel, y a Guzmán, así como a miembros de un grupo clandestino del ejército culpable de matanzas durante la guerra antisubversiva.

"El ministro Vega no tiene la más mínima idea de lo que es un proceso de reconciliación nacional, lo que preocupa porque es parte del Ejecutivo", aseguró el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

El ex canciller José García Belaunde discrepó de la propuesta de Vega y sostuvo que le parece "muy grave que en Perú se pretenda que a gente que cometió delitos de lesa humanidad se le perdone de buenas a primeras porque a alguien se le ocurrió". "Los sancionados bien sancionados están", sentenció.

Aunque el ministro, descartó que los que tengan condena firme sean liberados.

http://observadorglobal.com/peru-ministro-sugiere-un-indulto-a-militares-y-guerrilleros-n33436.html

Aunque uno esté por la reconciliación y contra todo tipo de violencia política, nunca debería equipararse la violencia que practican grupos armados contra el poder, con la violencia que se ejerce desde el poder. Siempre refiriendonos al campo político, otra cosa es el crimen organizado que tiene como único fin el beneficio económico y el control social.

Evidentemente cuando se plantea el hecho de la violencia, las víctimas son víctimas y no se puede reconocer ninguna diferencia. Pero cuando se plantea la violencia desde el estado, esta viene acompañada por actos indiscriminados que suspenden la ley, la cual debería ser el referente incontestable para que exista una base judicial, democrática, e igualitaria.

La violencia de estado es practicada de arriba a abajo, por tanto tiene una espesa trama de servidores que forman parte como funcionarios, pagados por los impuestos de todos, que se dedican a extender el terror, la tortura y el crimen. El potencial de un estado ejerciendo la violencia nunca es comparable en volumen al que puedan ejercer los grupos armados insurgentes, oficialmente llamados terroristas. Las pruebas siempre demuestran que cuando el estado ejerce una violencia política, el numero de víctimas se dispara a niveles exponenciales. No existen datos concretos, pues cada situación o país ha tenido diferentes intensidades, dependiendo el potencial peligro que representara la oposición armada. Pero fácilmente podriamos hablar de 1 a 100 o 1 a 1000. Es decir por cada muerto provocado por la guerrilla o la insurgencia, había 100 o 1000 provocados por el estado. Aquí hay que tener en cuenta un dato más, si bien las actuaciones de la insrugencia suelen ser selectivas, las del estado siempre terminan siendo generales. Es decir, desde el estado se mata o masacra con medios masivos y nunca se pregunta por culpables, simplemente se actua con un represalia que afecta a todos. Son las tácticas de siempre, empleadas desde el poder por las potencias coloniales y que posteriormente siempre han formado parte de las escuelas militares y policiales, en los manuales antiingurgencia.  El ejemplo más destacado es aquel que dice: Para vencer al enemigo emboscado, o insurgente, hay que tratarlo como si fuera un pez, dejando sin  agua el estanque donde se esconde. Eso significa eliminar todo tipo de apoyo que pudiera recibir, exterminando las poblaciones por donde pase la insurgencia. Hecho que demuestra que no se distingue entre población civil colaboradora, y población civil que tiene encuentros casuales. Desde el estado no se hacen diferencias, pues se trata de implementar una acción sistemática.
Obviando los fines ideológicos que conllevan el uso de la violencia, pues esta puede ser para luchar por la justicia y la igualdad, o puede ser para mantener unos privilegios y una injusticia. El hecho de ejercer la violencia como terror, o como lucha de resistencia, debería ser considerado como diferenciador.

Por tanto, nunca es equiparable la violencia institucional, con la violencia insurgente, las cifras y los hechos lo demuestran..

En busca de los emigrantes desaparecidos..

JUNTO A HONDUREÑAS Y SALVADOREÑAS

MÉXICO / EFE

Madres nicas buscan en México a hijos desaparecidos

La Caravana de Madres buscando a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito está integrada por madres procedentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua

Mujeres centroamericanan muestran las fotografías de sus familiares migrantes desaparecidos en México, durante una reunión celebrada este lunes en el Congreso del Estado de Tabasco, como parte de las actividades de la Caravana de Madres buscando a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito. EFE / END

Una caravana formada por más de 30 madres de indocumentados centroamericanos desaparecidos comenzó ayer un recorrido por México, en el que pedirán la creación de un mecanismo de búsqueda efectiva de sus seres queridos en este país.

La Caravana de Madres buscando a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito está integrada por madres procedentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, que llegaron ayer en autobús a Tenosigue, en el estado mexicano de Tabasco.

“El eslogan es: ‘Sigo tu huella con la esperanza de encontrarte’. Son madres que vienen a buscar a sus hijos desaparecidos”, y a los de otras que no participan, dijo a Efe Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, MMM, una ONG mexicana.

Ayer recorrieron el tramo Tenosigue-Villahermosa, capital de Tabasco, para dirigirse posteriormente a otros estados costeros del Golfo de México (Veracruz y Tamaulipas), agregó el activista.

Mañana dos de noviembre estarán en San Fernando, población donde en agosto de 2010 aparecieron asesinados 72 indocumentados centro y sudamericanos, una matanza atribuida a Los Zetas, uno de los grupos criminales más violentos de esta zona de México.

Allí recordarán que los indocumentados también “son víctimas de esta ‘guerra’” lanzada por el presidente Felipe Calderón contra las organizaciones criminales en diciembre de 2006, con la participación de miles de soldados.

En los días siguientes la caravana se dirigirá hacia el interior del país (Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, estado de México y el Distrito Federal), para después encaminarse hacia el sur (Oaxaca y Chiapas), donde terminarán el séptimo recorrido por México de madres de desaparecidos, dijo Figueroa.

Cuatro nicas
Aparte de pedir por casos particulares, las madres centroamericanas; 28 hondureñas, cuatro de Nicaragua y una de El Salvador, solicitarán a sus interlocutores mexicanos “implementar un mecanismo oficial de búsqueda con el que se encuentre a los migrantes”, explicó.

También exigirán “una política de respeto a los derechos humanos de los migrantes”, y medidas para prevenir nuevos casos de secuestros y desapariciones.
Al ser la inmigración un fenómeno global, no se debe olvidar que los migrantes “somos parte de los ‘indignados’ en el mundo”, comentó
el activista.

En los últimos años, a los tradicionales problemas que los indocumentados enfrentan con las autoridades al cruzar México rumbo a EU, hay que sumar los asociados con la proliferación de grupos del crimen organizado por varios estados de México, especialmente en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

La presencia de la delincuencia organizada ha hecho más arriesgado el cruce de los “sin papeles”, que en ocasiones han sido perseguidos para pedir rescates a sus familias o para tratar de que engrosen por la fuerza las filas de las organizaciones criminales.

Además del MMM, han organizando la caravana la Red de Comités de Familias de Migrantes (Red Comifa) y la Pastoral de Movilidad Humana, ambas de Honduras.
Apoyan la iniciativa de denuncia otras ONG como Amnistía Internacional, AI, y la fundación alemana Médico Internacional.

La caravana está, además, supervisada por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, CNDH, un organismo público autónomo con funciones de Defensoría del Pueblo, que vela por que los integrantes de la misma no sean víctimas de abusos en su recorrido.

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/231805-madres-nicas-buscan-mexico-a-hijos-desaparecidos

Esta es la otra cara de la inmigración, que como un regero de sangre sube desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos, ese camino puede ser un via crucis, no sólo por las fronteras y controles que se deben atravesar quienes lo transitan, sinó porque estos ciudadanos del sur pierden su nacionalidad y sus derechos, se convierten en fáciles presas de la violencia; mafias o cuerpos policiales deciden sobre la vida y la muerte. Y con la muerte deciden borrar las huellas de sus crimenes y de la existencia de sus víctimas. Este drama sólo terminará el día en que se imponga una sola justicia, una sola ley, y una única igualdad.

Descomposición de los estados..

Martes 01 de noviembre de 2011

Julieta Castellanos: “La Policía tiene en su seno a los asesinos”

La rectora de la Unah, Julieta Castellanos, desnudó trama tras el crimen contra su hijo y su amigo. “Me da vergüenza ser hondureña”, dice.

Tegucigalpa, 

Honduras

“A mí no me importa dejar mi vida en el camino. Esta lucha la voy a dar porque no es posible que las autoridades les den la espalda a los problemas, se hagan los desentendidos y tengan pudor de cobrar el salario que no se ganan...”.

 Julietta Castellanos, con temple de acero, habló del crimen contra su hijo Alejandro Vargas Castellanos y el joven Carlos Pineda en el programa Frente a Frente de Canal 5.

 A pesar de su dolor por la pérdida de su vástago, dejó claro que desde el viernes ya había pruebas para requerir a los cuatro policías supuestos asesinos de los jóvenes.

 Ella, indignada por el proceder policial, se pregunta: ¿Quién manda en Honduras? Su relato es el de una madre, funcionaria y de una hondureña que le da vergüenza ser hondureña.

 “Mire usted...Cuando decomisan las 10 patrullas todas están sucias excepto una, la que lavaron. A tres patrullas les hacen las pruebas de luminol y dan positivo, por lo menos es lo que se me informó; pero sólo en una de ellas encontraron rastros de sangre que la prueba de ADN ya arrojó, que es la de mi hijo.

 Mi hijo es el herido, es el que muere primero porque es quien va conduciendo. Me imagino que Carlos les pidió que llevaran a Alejandro al hospital, es seguro que se puso histérico y reclamó. Se lo llevaron vivo y lo asesinaron en la aldea.

 Yo no quiero imaginarme los últimos minutos de mi hijo y de Carlos...mi hijo muere primero, me imagino que se desangra frente a Carlos y es a quien ponen en la patrulla para ir a dejarlo a un lugar. El carro que andaba Alejandro siguió circulando y lo llevan hasta la aldea, la patrulla va siguiéndolos, no sé quien los conduce, eso va a salir en el juicio, porque no sé si es Carlos a quien obligan a conducirlo, no lo sé.

 A Carlos lo ejecutan en la aldea y Alejandro ya va muerto, eso es lo que creemos por el daño que tuvo en su cuerpo, que pudo haber muerto rápido.

 


Es  doloroso

 ...No he querido conocer detalles por lo doloroso que es esto para mí; pero él tiene un disparo que le entra por la espalda y ese es probablemente el que lo mata...

 No he querido conocer detalles porque no quiero imaginarme los últimos minutos de vida de mi hijo y de Carlos, eso es para mí muy doloroso; sin embargo, ver un Estado desmoronado, un Estado fracasado y la preocupación de que sigamos viviendo en este Estado es lo que a mí me da la valentía de plantear esto...

 Cuando uno dirige una institución es para hacerlo bien y si no puede hacerlo, hay que dejar los cargos. Pero no se puede tener la inmoralidad de estar llevando a su casa un sueldo que no se gana dignamente y menos todavía estar desde una posición de funcionarios protegiendo a asesinos.

 Entonces, yo no he querido conocer todo el daño que tuvo mi hijo con el disparo, pero me imagino. Alejandro murió rápido, pero Carlos no.... lo llevan con vida hasta la aldea, lo bajan y lo asesinan, le disparan en la cara.

 Esto es toda una trama, cuando hay un dispositivo en la ciudad todos las patrullas alertan y las postas se alertan. Y en este caso también la posta de Loarque es cómplice porque despejó el camino para que ellos salieran...

 Yo le quiero hacer un llamado a los Gobiernos que apoyan a la Policía; a España, Taiwán, creo que Colombia y Chile, que ya no sigan alimentando ese monstruo.

 Esta Policía no es ineficiente porque no tiene equipo, se están robando los fusiles y las municiones; no es ineficiente porque no tiene radios de comunicaciones o patrullas, miren para que usan las patrullas. La Policía no sólo es ineficiente, tiene en su seno a los asesinos, a los delincuentes.

 Con todo el respeto, porque yo sé que los Gobiernos lo hacen con buena voluntad de creer que ayudan; pero deben revisar sus políticas porque están alimentando a un monstruo que no tiene ninguna voluntad.

 ¿Por qué la Policía aunque dice que colabora obstruye y por qué la Fiscalía no actuó si tenía las pruebas? Son dos cosas al mismo tiempo.

 Una realidad oscura

 Para el viernes por la noche recibí información de que los biólogos y fiscales fueron perseguidos por policías que andaban en carros civiles. Les quisieron decomisar las pruebas, tuvo que intervenir la seguridad del Fiscal General -Luis Rubí- para impedir que las pruebas fueran decomisadas.

 Le hablé al ministro de Seguridad para ponerlo en conocimiento y le dije: ‘Tengo la información de que los investigadores del caso de mi hijo fueron perseguidos en la zona de Loarque para decomisarles las pruebas que traían de la escena de crimen y tuvo que intervenir la seguridad del Fiscal General’.

 El ministro dijo que el Fiscal ya le había informado. También le dije que la Policía tampoco había entregado el arma que tenía adjudicada el oficial.

 Se me olvidaba, en los videos que tenemos se ven dos camionetas que participan, se supone que son de oficiales que están dando instrucciones de cómo deshacerse del cadáver.

 Los videos no son de tan buena calidad porque son de los negocios de la zona cuyo objetivo es capturar las entradas y los carros en movimiento; pero se pretende enviarlas a Estados Unidos  para que las analicen.

 El día sábado recibí una llamada que a la Fiscalía de los Derechos Humanos le quitaron el caso y lo pasaron a Delitos Comunes.

 Miembros del equipo nuestro hablaron con la fiscal Sandra Ponce y ella dijo que se había integrado un equipo con tres fiscalías: Derechos Humanos, Delitos Comunes y Crimen Organizado.

 Yo manejaba una información que el fiscal me la confirmó: el viernes por la noche ya estaba la prueba de ADN de mi hijo y el presidente Lobo lo supo ese día entre las 7:30 y 8:00 de la noche.

 Esta prueba  se constató por dos manchitas de sangre, dos gotas,  que estaban en la patrulla, la única lavada de las diez decomisadas, allí, allí estaba la sangre de mi hijo.

 ¿Quién gobierna el país, señor Presidente?

 Yo ya tenía esa información y esperé que la Fiscalía actuara el sábado. Mi pregunta es: ¿Por qué no lo hizo?

 Luego ese mismo día me llamó un periodista para decirme que tenía confirmación de que no se presentaron los cuatro policías que estaban francos. Yo no sabía ni siquiera que esos policías estaban libres.

 El periodista me preguntó que si iba referirme al tema y le dije que iba a esperar...

 Pero luego, cuando ya se confirmó la información de que los policías no regresaron hablé primero con el secretario de Seguridad.

 El ministro me dijo que devolvería la llamada. Lo hizo y dijo: ‘Estoy indignado habíamos dado otras instrucciones...’.

 Le dije: esto es una burla, es indignante, acá hay un problema de Estado, acá el Estado se está haciendo parte de este crimen y es una situación grave que yo la voy a denunciar porque tengo la información de la semana y la hemos recabado.

 No solo la tengo yo, la tiene un equipo grande y eso nos hace menos vulnerables. Después hablé con el Fiscal General y con el presidente Porfirio Lobo.

 El Presidente me dijo: ‘Me acabo de enterar, estoy indignado como usted”...

 Le pregunté: ¿Presidente , quién nos da garantía en este país?, ¿Quién gobierna el país, señor Presidente, si usted dio instrucciones, dio el secretario de Seguridad? ¿Cómo es que la Policía que tiene formación de mando jerárquico y no obedece órdenes? ¿A quién obedece la Policía? ¿Quiénes son los grupos que en este país deciden si no es el secretario de Seguridad, el Fiscal General, que también me habían dicho que estaban llevando el proceso?

 Una plática reveladora

 En la plática con el Fiscal General le hice varias preguntas y él me dijo que no tenían la prueba científica suficiente para proceder.

 “Cómo no le dije, ya la tenían ustedes, la tenían desde el viernes por la noche y allí me dijo y corroboró. Yo le informé al Presidente. Allí constaté la versión.

 La  pregunta es: ¿esta investigación no la ha dirigido exclusivamente la Policía? Porque para nosotros era un elemento de seguridad  si la dirigía la Fiscalía, pero si la Fiscalía la dirigía para qué necesitaba un informe de la Policía para dictar un requerimiento fiscal.

 La Fiscalía tenía ya el ADN de Alejandro Vargas Castellanos, mi hijo, confirmada desde el viernes.

 Si ya había ADN por qué no emitió las órdenes de captura.

 En este caso veo tres tipos de cosas: la indefensión ante el Estado, acá no hay Estado; indefensión de la ciudadanía y el Estado participa con sus instituciones en la ola de violencia del país.

 Imagínense con todas las pruebas ambas instituciones tienen que darnos una explicación de lo que pasó.

 No emitieron un requerimiento fiscal, este es un caso donde ya amerita una reestructuración de todo...”. 

http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Apertura/Julieta-Castellanos-La-Policia-tiene-en-su-seno-a-los-asesinos

Lobo destituye al alto mando policial de Honduras tras asesinato de dos estudiantes

Lobo nombró a la comisaria Coralia Rivera como viceministra de Seguridad.

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, decidió este lunes destituir al alto mando policial de su  país, luego de la fuga de un grupo de oficiales acusados de asesinar a dos jóvenes universitarios el 22 de octubre, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La información fue ofrecida por el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, quien en rueda de prensa prometió a los padres dar con los señalados que cometieron “acciones incorrectas en contra de la sociedad"

“Vamos a dar respuestas positivas al pueblo hondureño, hay un compromiso de todos los que trabajamos en temas de seguridad y justicia de buscar a las personas que están siendo en este momento perseguidas por sus acciones”, declaró Bonilla.

Carlos Pineda Rodríguez (23) y Rafael Vargas (22), fueron ejecutados la madrugada del sábado 22 de octubre en el Distrito La Granja de Tegucigalpa, luego que fueran perseguidos por un grupo de patrullas que exigían a tiros la detención de la camioneta en la que estos jóvenes se transportaban.

Según la relación de los hechos difundida por la prensa, una de las balas hirió de muerte a Rafael Vargas lo que obligó a su compañero a detenerse. Una vez capturados, los oficiales los sacaron de la camioneta y los montaron en una patrulla rumbo a la carretera que conduce al sur del país, en donde, a la altura del kilómetro seis, les dieron ejecución.

La investigación considera que Pineda fue trasladado a ese sector aún con vida, indicó la directora de fiscalías, Danelia Ferrera.

Los cuatro policías que actuaron se hallaban detenidos desde el martes de la semana pasada en la sede de la Policía Metropolitana, en el centro de Tegucigalpa, por orden del Ministerio de Seguridad.

Sin embargo, fueron puestos en libertad apenas tres días después, el viernes, con la condición de que retornaran el domingo. Pero no regresó ninguno, según admitió el portavoz de la policía Silvio Inestroza.

Ante esto, el Gobierno de Lobo decidió destituir al jefe de la policía, José Luis Muñoz; de la policía de investigación, Marco Tulio Palma; de la preventiva, Manuel Fuentes; de los Servicios Especiales de Investigación, Félix Villanueva, y de Tránsito, José Oliva.

En su lugar fueron nombrados Ricardo Ramírez; en investigación, Félix Villanueva; en la policía preventiva, Joaquín Mejía; en Servicios Especiales de Investigación, Héctor Suazo, y en Tránsito, Randolfo Pagoada.

Además, Lobo nombró a la comisaria Coralia Rivera como viceministra de Seguridad.

Operativo Relámpago, nueva estrategia de seguridad

Horas después de la destitución de los oficiales por el incidente que conmocionó a la sociedad hondureña, el presidente Lobo anunció una nueva estrategia de seguridad nacional llamada "Operativo Relámpago", sobre la cual no se han brindado mayores detalles.

"Hoy se inicia un proceso esperanzador para la sociedad hondureña, debemos actuar con prudencia y reserva, pero quiero reiterar ante el pueblo hondureño mi firme determinación de hacer un esfuerzo máximo enmarcado en la ley, para reducir la impunidad que hoy nos hace sentirnos indignados", expresó en cadena nacional de radio y televisión.

Dijo que "es innegable que necesitamos que los operadores del sistema de seguridad recuperen la confianza de los habitantes de nuestro país".

http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/99705-NN/lobo-destituye-al-alto-mando-policial-de-honduras-tras-asesinato-de-dos-estudiantes/#

Algunos paises de Latinoamérica sufren espirales de violencia sin límite que afectan a todas las capas de la sociedad e implican todos los estamentos sociales. Honduras, México, Guatemala, Haití son ejemplos donde los niveles de descomposición han llegado a extremos alarmantes. Como ya se ha comentado aquí otras veces, esta violencia va ligada a la pobreza, la impunidad de los poderosos (falta de justicia legal y oficial), profusión de armamento, y educación basada en principios puramente materialistas, que suplen la destrucción de los principios arraigados en las culturas ligadas al pasado y el territorio. También influye una historia basada en el abuso y el robo por parte de poderosos, conquistadores o caciques. Que las fuerzas que debian proteger a los ciudadanos, cómo la policia, se dediquen a todo lo contrario, es algo que simplemente destapa la descomposción de cualquier tipo de institución social. Se vive entonces en un estado o república del terror, donde impera la ley del más fuerte.