lunes, 6 de agosto de 2012

Lucha por el reparto justo de la tierra en Honduras..


Los campesinos del Aguán se aferran a tierras tomadas en Honduras

Unos 600 campesinos arrebataron las tierra de los propietarios y resisten en la finca Los Laureles, temerosos de repentinas represalias.


Imagen de Los campesinos del Aguán se aferran a tierras tomadas en Honduras
Campesinos del Aguán denuncian aumento de inseguridad tras desarme - AFP
Protegidos del sol y la lluvia por casuchas de madera y plásticos, unos 600 campesinos resisten en la finca Los Laureles, temerosos de un repentino ataque de los guardias de terratenientes a quienes arrebataron la tierra en el valle del Aguán, en el noreste de Honduras.

Cada madrugada, aún en medio de la penumbra, los campesinos dejan sus rústicas camas de madera y se alistan para la faena, que inicia con la corta de las semillas de palma africana, de la cual se extrae aceite para la industria cosmética y de alimentos.

La labor corre pareja para hombres, niños y mujeres, aunque a ellas corresponde -antes de internarse en las densas plantaciones- hacer las tortillas y cocinar los frijoles y los huevos para el desayuno de las familias.

Ésta, como las anteriores y posiblemente las futuras, será una jornada cumplida en un permanente estado de tensión por la amenaza siempre latente de un ataque.

"La verdad es que yo tengo temor a los guardias porque son peligrosos, ya mataron a un compañero", declara Johana Borjas, de 26 años, tesorera de la cooperativa 'Los Lureles' que se organizó tras la ocupación de la finca.

Luego del desayuno, armados con sus "palayos" (tubos de aluminio con un gancho filoso en la punta) se despliegan a lo largo y ancho de las 529 hectáreas de la finca, situada en las afueras de la ciudad de Tocoa.

Los hombres apuntan con el palayo a los racimos de semillas anarajadas y con los ganchos los desprenden para hacerlas caer.

Mujeres y niños recogen las semillas sueltas y los hombres cargan en la espalda los racimos hasta la orilla de una calle polvorienta, donde el producto se amontona a la espera de camiones o carretas tiradas por caballos que las llevarán a la planta.

Ahí las semillas, que los industriales compran a razón de 178 dólares por tonelada, son trituradas y sometidas a un proceso para extraerles el aceite, cuya tonelada métrica se vende en Estados Unidos y la Unión Europea en 950 dólares.

Los campesinos se instalaron en esta finca, propiedad del influyente empresario Miguel Facussé, el 19 de julio pasado, desplazando a decenas de guardias que la custodiaban.

Siete días después, desconocidos dispararon desde lejos con fusiles contra campesinos; en la mañana anunciaron que hallaron entre la maleza, cerca de la finca, el cadáver de uno de ellos, Israel García, de 37 años, al que habían cortado una oreja.

Los campesinos culpan a los guardias de Facussé pero el portavoz del empresario, Roger Pineda, fue categórico: "No dirimimos los problemas de manera violenta, acudimos a los juzgados", aseguró.

"Estamos aquí para presionar para negociar la tierra; la tierra tiene precio, la vida de las personas no", dijo Juan Pérez, vicepresidente de la cooperativa, quien pide que el gobierno compre la tierra y se las venda a los campesinos a largo plazo y bajo interés.

Los enfrentamientos entre los latifundistas productores de palma africana -cuarto rubro de exportación de Honduras- y los campesinos que reclaman tierra para cultivar, empezaron hace tres años en esta zona regada por el río Aguán, cercana a la costa del Caribe.

La última ocupación fue la de 'Los Laureles', pero miles de agricultores organizados tomaron 7.000 hectáreas de los latifundistas, en medio de un clima de violencia que deja 78 muertos (63 campesinos, y 14 guardias y un empleado de los terratenientes), según cálculos de las partes en conflicto.

En un intento de calmar la situación, el Congreso prohibió portar armas en la zona, aunque exceptuó de la medida a los servicios de seguridad de las empresas. El desarme legalmente aún no ha entrado en vigor, pero el gobierno ya mandó refuerzos a los militares y policías que estaban en la zona.

"En este momento la amenaza más grande es el ejército y la policía, con ese decreto con el que van a desarmarnos, porque no van a desarmar a los guardias de Facussé sino solo a nosotros", se quejó Pérez.

Para pobladores de la zona, la presencia policial y militar es más un factor de intimidación que de tranquilidad, pues se sienten en un virtual "estado de sitio".


Los campesinos desarmados han quedado a merced de la represión de los cuerpos armados al servicio de los terratenientes..

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