jueves, 15 de marzo de 2012

Defender los derechos laborales puede costar la vida...


La impunidad arropa los asesinatos de 2.800 sindicalistas colombianos

La Oficina del PNUD en Colombia denuncia que el 94,4% de estos crímenes no son juzgados

El sindicalismo en Colombia es algo que puede salir muy caro a los que se atreven a ejercerlo.Los asesinatos, las desapariciones forzadas y las amenazas son el escenario cotidiano de los dirigentes sindicales en el país, con unas prácticas que se prolongan ya durante décadas. Aunque las cifras han disminuido en los últimos años, en 2010, el año con menos casos de muertes de sindicalistas, han sido treinta los asesinatos. 
Un informe coordinado por la Oficina del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) en Colombia ha vuelto a colocar en la agenda mediática este continuo drama, normalmente demasiado silencioso.
El estudio recoge información desde 1984 hasta la actualidad. Las cifras son escalofriantes. 2.800 dirigentes sindicales han sido asesinados, lo que supone una media de 100 al año, y el 94,4% de los crímenes permanecen impunes. La Oficina ha registrado también 216 desapariciones forzadas, 83 casos de torturas y 163 secuestros de sindicalistas.
"Para cualquier país, 30 ó 20 homicidios de sindicalistas sería muy alta"
El coordinador principal del informe, Carlos Miguel Ortiz, ha señalado que, aunque en el informe señalan que desde 2003 han disminuido los asesinatos, se ha registrado un incremento de amenazas a los dirigentes y sindicalistas en el país.
"En estos últimos años que se han registrado los más bajos, la más baja fue la de 2010 y estuvo en 30. Para cualquier país 30 ó 20 homicidios de sólo sindicalistas, sin contar los demás, al año, sería muy alta", ha declarado Ortiz.
El documento sugiere al Estado iniciativas para una política criminal efectiva, presenta propuestas para alcanzar una reparación individual y colectiva en materia de prevención y protección de los sindicalistas.

La cifra podría ser mayor

La Escuela Nacional Sindical colombiana eleva la cifra de sindicalistas asesinados en 2010 hasta los 51, de los que 29 de ellos serían docentes. Ya a principios de 2011, desde la escuela expresaron su "preocupación", ya que los datos de los informes de la Oficina del PNUD "no corresponden con la realidad registrada por la ENS, ni con los registros del Observatorio DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República". Es decir, las cifras aportadas por la comisión de la ONU podrían ser aún mayores.
"Colombia es el país que tiene la crisis humanitaria más seria de todo el continente"
Otras voces, como la del director de Human Right Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, han denunciado que la imagen edulcorada que se tiene de Colombia es "producto del trabajo de las operaciones de lobby que se hacen en Washington". En una entrevista con Público, Vivanco denunció inversiones millonarias de Uribe en firmas que le "ayudan a promover su imagen en EEUU".
"Colombia es el país que tiene la crisis humanitaria y de derechos humanos más seria de todo el continente. Sin embargo, estos temas no son objeto de discusión", lamentaba Vivanco.

No se puede hablar de democracia si los derechos de los trabajadores no son reconocidos, y el principal, el derecho de reclamación laboral. Porque, una cosa es que el patrón o empresario tenga unos intereses diferentes a los de sus empleados, es normal que sean antagónicos. Pero otra cosa es que el derecho de estos trabajadores a reclamar para si mismos ventajas o justicia laboral. El derecho a asociarse, y elegir reprentantes por parte de los trabajadores, es un derecho democrático, tan importante o más que el derecho político de presentarse a unas elecciones, votar o ser elegido por sufragio.
En Colombia no se puede hablar de democracia mientras los derechos individuales y sociales no sean respetados, y peor aún, mientras quien reclama esos derechos sea simplemente eliminado.
La escusa del conflicto armado no tiene que ser el argumento para pisotear los derechos de quién los reclama pacificamente. Meter en el mismo saco a todos los que esten organizados para avanzar en el campo social y sindical, para asimilarlos con la violencia armada, es un argumento que convierte a Colombia en un estado y una sociedad sin los más elementales derechos sociales y humanos.

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