Astiz, el Tigre y el grupo de tareas de Massera
El TOF 5 condenó a doce de los 18 acusados a prisión perpetua. Hubo dos absoluciones. Culpó a los represores por el homicidio de Walsh y de los secuestros y asesinatos del grupo de la Iglesia Santa Cruz.
Por Alejandra Dandan
Lilia Ferreyra empezó la mañana revisando papeles, buscando. Finalmente agarró el original de la copia mecanografiada de la Carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. La mujer entró a la sala Auditorium de los Tribunales de Comodoro Py con las hojas guardadas en la cartera, la letra, guardándolo a él, extendiendo en ese espacio así sacralizado su presencia: “El juicio para mí tiene un sentimiento más íntimo”, dijo. “La sensación de que es una respuesta tardía al alegato que Rodolfo escribió en la Carta a la Junta Militar, por eso lo traje: es la respuesta que la Justicia le da a este escrito que tengo en mis manos 34 años más tarde.”
El presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, leyó finalmente, después de dos años de juicio oral y de esperas, de pruebas, testimonios y desgarros, la sentencia del histórico primer juicio a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Tribunal condenó a 12 de los 18 represores a prisión perpetua por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados y homicidios. Entre ellos, quedaron los nombres más emblemáticos y algunos de lo de mayor peso dentro de la estructura militar: Jorge el “Tigre” Acosta, jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina; Antonio Pernías, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Oscar Montes y Alfredo Astiz, que cuando escuchó la sentencia dejó de esconder la cara, sacó pecho y una escarapela de algún lado para ponérsela en la solapa seguido fijamente por una de las cámaras de la sala. Las 12 perpetuas incluyeron las acusaciones por los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Y 6 de las 12 condenas a perpetua sumaron la acusación por la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y el homicidio de Rodolfo Walsh, en una decisión que implica por primera vez una definición jurídica sobre el asesinato a partir de los testimonios que se recogieron en el juicio y dieron cuenta de la presencia de su cuerpo muerto en la ESMA, pese a la desaparición de sus restos. Acosta, Pernías, Astiz, Radice, Cavallo, Ernesto Weber y Juan Carlos Fotea fueron acusados por su caso.
El fallo aplaudido en el final por sobrevivientes y familiares que se congregaron en dos de las salas de Tribunales, en la calle, en un festival organizado por HIJOS, contuvo otras definiciones importantes. Los jueces Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli condenaron a la pena de prisión perpetua a Oscar Montes por el crimen de María Cristina Lennie, en una resolución que por sus características también es una bisagra: Lennie tomó una pastilla de cianuro en el momento del secuestro. El caso considerado hasta ahora como un supuesto suicidio había entrado al juicio por privación ilegal de la libertad y tormentos. La querella del CELS pidió, en su alegato, un cambio para imputar a los acusados por su homicidio, al considerar que cuando “ella opta por el suicidio no lo hace libremente ni por propia decisión, sino que lo hace forzada por las circunstancias que genera en forma dolosa e ilegal el imputado”, un argumento que terminó plasmado en la sentencia.
La perpetua alcanzó también a Miguel Donda, en su caso por el homicidio de Raymundo Villaflor: una decisión que admite el cambio de calificación en el mismo sentido de Walsh: pese a la ausencia del cuerpo el Tribunal reconoció en el fallo el asesinato a partir de los testimonios de quienes lo vieron muerto en el centro clandestino de los marinos.
Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron 25 años de prisión. El médico Carlos Capdevilla recibió la pena a 20 años de prisión por 14 privaciones ilegales y tormentos agravados. Juan Antonio Azic, el apropiador de Victoria Donda, fue condenado a 18 años por 3 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados, entre ellos el de Carlos Lordkipanidse, a quien torturó con su hijo sobre la panza. Y hubo dos absoluciones: Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco, alias Dante, acusado por las víctimas como el jefe del operativo de Rodolfo Walsh. Rolón estaba imputado como parte de la patota del operativo en la Santa Cruz. Anoche no se conocían las razones por las que el tribunal decidió absolverlo, pero seguirá detenido porque está procesado por otros casos de la megacausa. El caso de García Velazco es uno de los más cuestionados por los sobrevivientes. “Dante” tenía un hermano mellizo que está muerto y a quién él le imputa la participación en el operativo de Walsh como parte de su coartada y de la lógica de invisibilización de los represores. Quienes lo conocieron y volvieron a verlo ayer por la mañana cuando pronunció sus últimas palabras estaban furiosos, convencidos de que esa coartada podría permitirle liberarse a los ojos de los jueces. Como Rolón, tampoco saldrá en libertad: continuará detenido por otros procesamientos pendientes.
Finalmente, la sentencia avanzó sobre pedidos planteados por la fiscalía de Mirna Goransky y Pablo Ouviña y dio lugar a otros pedidos que plantearon en los alegatos las querellas integradas por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Cels, que sumó a Abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación Kaos, Patricia Walsh y Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora, en representación de las monjas francesas y el grupo de la Santa Cruz. Algunas de las respuestas fueron tomadas como verdaderas sorpresas. El tribunal ordenó que se abra una investigación sobre el rol que mantuvo durante la dictadura Ramón Arrosa, el primer jefe de la Armada de la democracia. Arrosa, que hizo su carrera de ascenso durante la dictadura, declaró en el juicio como testigo y dijo aquello de que la infiltración de Astiz en el Grupo de la Santa Cruz había sido “exitosa” y que el problema de la Armada había sido no darle cobertura y enviarlo nuevamente a trabajar esta vez a París, donde lo descubrieron los sobrevivientes. Una declaración que en su momento enfureció hasta a sus camaradas de armas, que le reprocharon haberse lavado las manos. Otra decisión fue separar las acusaciones por violencia sexual en la ESMA y derivarlas al juzgado federal numero 12, donde Sergio Torres abrió una causa situándolos como delitos de lesa humanidad. Lo mismo ordenó respecto de los niños secuestrados con sus padres y el funcionamiento de la maternidad clandestina de la ESMA. El tribunal ordenó una medida de protección sobre el Campo de Deportes de la ex ESMA, que aún sigue usando la Marina y sobre el que existen sospechas de que se utilizó para la incineración o entierro de cuerpos.
Otro dato, quizá más inesperado, fue un pedido para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación promueva ante los organismos de Justicia internacional la inclusión de la figura del perseguido político en el delito internacional de Genocidio.
La espera
La sentencia se había anunciado para las seis de la tarde, pero se escuchó recién dos interminables horas más tarde. La demora alentó todo tipo de rumores. En los pasillos, los empleados del Tribunal organizaban las filas para acreditaciones que rebalsaban capacidades y presencias. Entre los invitados de los acusados apareció Cecilia Pando, que terminó en un momento en medio de un pasillo espalda con espalda con Myriam Lewin. Un empleado sudaba buscando formas para hacer entrar como acreditados a los cronistas de prensa que llegaron de todo los lugares. Otro decía que todo estaba bien, que iba a ver una sentencia justa. Los jueces, sin embargo, no aparecían. En la sala alguien llegaba con el dato de que no se ponían de acuerdo, que habría solo cuatro perpetuas.
El Tribunal tenía antecedentes que despertaban cierta inquietud desde el comienzo del juicio. Con sólo un integrante distinto, había absuelto a tres de los cinco acusados en el último juicio a los ex jefes de Area. Además, hace cuatro años, no pudo garantizar la seguridad del ex prefecto Héctor Febres, que murió aparentemente envenenado en prisión antes de escuchar la sentencia.
A las ocho de la noche, todos los que tenían que estar estaban ahí. Las Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, Rosa Roisinblit, Nora Cortiñas y Laura Conte, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y su segundo, Luis Alem; el diputado Julio Piumato, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky. Cecilia de Vincenti, la hija de Azucena Villaflor. Ana María, Mabel y Esther, las hijas de Esther Careaga del grupo de la Santa Cruz. Lilia Ferreyra y Jorge Pinedo, el ex marido de Patricia Walsh. Los sobrevivientes: Graciela Daleo, Carlos Lordkipanidse. Las sobrinas de Léonie Duquet que llegaron por primera vez a Argentina desde Francia para escuchar la sentencia. Su prima, sor Geneviève Jeanningros, vestida de religiosa, acompañada por el embajador de Francia Jean Pierre Asvazadourian. “Mucho de emoción”, decía Geneviève. “Tengo admiración por la Argentina, de su valentía de hacer estos juicios, de una democracia que puede estar fundada sobre la justicia: estuve el año pasado y presencié la manifestación del 24 de marzo, vi todos esos jóvenes que para mí es una inmensa esperanza para la Argentina y todos los 30 mil desaparecidos son como sus semillas, para el día de hoy, de mañana”.
Algo de eso apareció en la sala en ese momento. Adolfo Mango, de la Santa Cruz, y María Adela Antokoletz, que estuvieron día a día ocupando las sillas de los interminables días de audiencia, repartieron unas imágenes con las fotos de los doce de la Santa Cruz. Con la cara de Walsh. Las imágenes eran como estampas. A las 20.07, cuando entraron los marinos esposados a la sala, los familiares miraban detrás de un vidrio. Con los puños en alto, la V de la victoria en las manos y las manos alzadas con las estampas hicieron de fondo de los flashes. Cuando todo terminó, y el tribunal dijo lo que dijo, la sala volvió a cantar su himno: 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre.
Un emblema, 86 tristezas
Por Victoria Ginzberg
¿Será por la supuesta “cara angelical” de Alfredo Astiz, por su mirada fría como un témpano, sus ojos inexpresivos, superficiales, el rictus asqueroso que se volvió a ver en sus apariciones en este juicio, su lunar? ¿Será por su infiltración en el incipiente movimiento de derechos humanos, porque logró la confianza y la compasión de las mujeres que ya se organizaban para reclamar que les devolvieran a sus hijos, porque dicen que selló con un beso su traición y eso solo ya parece parte del guión de una película? ¿Será por aquellas víctimas, en apariencia “más débiles”, o por las “más célebres”, por el escritor, el periodista, el militante que utilizó su máquina de escribir para difundir los crímenes que se cometían en los sótanos y usó su otra arma para defenderse cuando lo buscaron para asesinarlo y llevarlo a aquellos sótanos? ¿Será por los bebés que nacieron en una piecita de Capucha, porque, antes de matarlas, a las madres les hacían escribir una carta a su familia que nunca sería entregada y les mostraban un ajuar comprado para ese niño que sería despojado de su nombre y de su historia? ¿Porque hubo víctimas francesas y suecas y desde Francia y Suecia el reclamo fue permanente, una mosca en la oreja para funcionarios políticos y judiciales argentinos? ¿Será porque el edificio, imponente, atraía indefectiblemente las miradas de todos los que entraban o salían de la Capital por la zona norte? ¿Porque sus cuatro columnas, su nombre en el friso, su iluminación nocturna, su visibilidad y presencia eran en definitiva señales de la pretensión de mostrar que todavía estaba allí, que todavía estaban allí? ¿Será porque el jefe, el Almirante Cero imaginó que luego de las muertes, las torturas, las violaciones, podría convertirse en un líder político? ¿Será porque siempre hay grietas y hubo sobrevivientes que incluso mientras la resistencia mayor era mantenerse con vida ya imaginaban posibles juicios, denuncias, declaraciones? ¿Porque cuando “las sacaban a comer” las mujeres escribían su bronca en los baños con el lápiz labial que les daban como parte de su proceso de “rehabilitación”? ¿Será porque muchos de los que salieron hablaron incluso cuando no tenían los dos pies afuera, cuando todavía eran vigilados, cuando el terror seguía habitando sus cuerpos?
Tal vez por todas esas cosas un poco, aunque nada termina de explicarlo del todo. Lo cierto es que la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, se convirtió tempranamente en el símbolo del sistema acabado del horror del terrorismo de Estado. Fue probablemente el centro clandestino de detención y exterminio por el que pasaron más víctimas. Pero no se trata de una cuestión cuantitativa. Algo hizo que a pesar de que ya había más de 240 represores condenados y más allá de la importancia que tuvieron sentencias como las del Atlético-Banco-Olimpo o La Perla o el quiebre que significó para la continuidad de la impunidad en democracia la cadena perpetua a Luis Abelardo Patti, por citar algunos ejemplos, ayer fuera un día bisagra.
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La carga simbólica de la ESMA fue también comprendida por los represores. El juicio que luego de dos años concluyó ayer fue el más resistido desde la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Cuando el Congreso barrió con aquellos dos impedimentos, la Cámara Federal porteña decidió de oficio reabrir las dos “megacausas” que habían quedado congeladas a fines de los ’80: Primer Cuerpo de Ejército y ESMA. En la primera había todavía mucho por hacer, testimonios que tomar, pruebas que recolectar. La segunda estaba casi lista para ser “elevada”, es decir para comenzar con los preparativos de juicio oral. Pero el expediente terminó demorado un año en la Cámara de Casación Penal. Fue el “caso testigo” de los represores y sus defensores, entre los que se contaba el ex presidente de ese tribunal superior Alfredo Bisordi, que luego de irse de ese puesto pasó a desempeñar formalmente el papel de abogado de los acusados de violaciones a los derechos humanos. La investigación sobre el Primer Cuerpo de Ejército comenzó a avanzar y a la vez se abrieron y terminaron causas en distintos lugares del país: La Plata, Córdoba, Tucumán, Mendoza... Sobre la ESMA, sólo se intentó hacer un juicio al prefecto Héctor Febres por cuatro casos. Lo que haya sido ese proceso ¿un globo de ensayo? ¿un pase de facturas al chivo expiatorio? terminó con el acusado muerto por envenenamiento por cianuro en condiciones más que sospechosas. Los Marinos, sea porque tienen mayor poder de lobby, todavía contactos o mucha suerte, lograron demorar sus condenas. Recién a fines del año pasado hubo sentencia para miembros de ese arma en Mar del Plata. Ayer les tocó a sus represores más simbólicos.
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“Es que a través de la ESMA se puede contar el proceso de memoria, verdad y justicia desde la democracia para acá”, apunta Valeria Barbuto, del Centro de Estudios Legales y Sociales.
En 1994, los represores Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón fueron al Congreso para defenderse porque los senadores se negaban a votar sus ascensos luego de que se publicitaran sus antecedentes. Admitieron haber participado en torturas y secuestros. El incidente motivó que se estableciera un mecanismo de consulta con organismos de derechos humanos y la secretaría del área para comprobar que los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en violaciones a los derechos humanos que debido a las leyes de impunidad no podían ser condenados al menos no siguieran haciendo carrera.
Otro marino que pasó por la ESMA, Adolfo Scilingo, fue, con su confesión ante Horacio Verbitsky en El Vuelo, quien inauguró un nuevo período en el vínculo entre la sociedad argentina y la memoria de los crímenes de la última dictadura. La ratificación en la voz de los verdugos de que los desaparecidos eran tirados vivos al mar, terminó de alguna forma con la era del hielo postindultos y dio inicio a un proceso –el de la justicia– que todavía estamos viviendo.
La ESMA también fue punta de lanza en la política de recuperación de los sitios en los que funcionaron centros clandestinos de detención. En 1998 Carlos Menem anunció que demolería el edificio para levantar allí un monumento a la “reconciliación nacional”. La Justicia, a pedido de Graciela Lois y Laura Bonaparte, lo impidió. La medida tomada por Menem derivó de a poco y con el tiempo –desalojo de los marinos de por medio– en la instalación del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
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La sentencia de ayer se festejó dentro y fuera del tribunal. En la sala y en la calle hubo abrazos, lágrimas de emoción, de tristeza y de alegría. “Hemos cumplido nuestro mandato con los compañeros”, dijo como en representación de los sobrevivientes de la ESMA Lila Pastoriza. Además de conseguir la primera condena en la Argentina para la mano de obra de Massera, los que estuvieron secuestrados en la ESMA y pudieron salir fueron durante el juicio la voz de los asesinados y desaparecidos. “Un muerto es una tristeza, un millón de muertos es una información”, cita Pilar Calveiro a Tzvetan Todorov en Poder y Desaparición. Los sobrevivientes contaron las historias de los que ya no están, recuperaron sus nombres, sus deseos, su militancia. Para que los muertos dejaran de ser un número, el número que les dieron en la ESMA al entrar y se volvieran una tristeza. Cada uno una tristeza particular. 86 tristezas por las que ayer se hizo justicia
Complementar esta información o valorarla por mi parte creo que esta de sobra, si, me reafirmo en lo que otras veces he dicho: No hay democracia posible si hay privilegios, si los resposables del asesinato y la represión del estado permanecen impunes, existe una premisa que anula la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Argentina da una lección de justicia y democracia al mundo, falta nos hace a todos.
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