Perú: ministro sugiere un indulto a militares y guerrilleros
La amnistía planteada para los casos de violaciones de derechos humanos por parte del ministro de Trabajo peruano, Rudecindo Vega, despertó las críticas de varias ONG por el posible perdón a miembros del Ejército, funcionarios del gobierno de Alberto Fujimori y guerrilleros de Sendero Luminoso.
Los presos condenados quedarían afuera del beneficio del perdón - AFP
El ministro de Trabajo de Perú, Rudecindo Vega, planteó una amnistía política que incluya a condenados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno de 1980-2000 para poder emprender la reconciliación nacional, una propuesta que fue respaldada por un movimiento vinculado a los presos de Sendero Luminoso.
"Yo siento que el país tiene que entrar en un proceso de reconciliación política nacional. Lo que creo es que tenemos que dar amnistía en todos los sectores", lo que incluiría a guerrilleros, militares y políticos, afirmó Vega en el programa ADN Político, de Canal N de Lima.
AMNISTÍA PARA TODOS
El funcionario señaló que "cuando se entra en un proceso de reconciliación nacional, por más duro que suene, tiene que haber perdón y olvido para todos".
Argumentó que es necesario "tender puentes para consolidar el crecimiento económico del país para hacer sostenible la inclusión social".
Preguntado sobre a quiénes debería favorecer una medida como la que propone, el ministro respondió: "Se debería dar amnistía para todos".
Tras sus afirmaciones, Vega aclaró a la radio RPP que su opinión es "personal" y que no "es la voz del gobierno", a la vez que ratificó su postura a favor de un "acuerdo político nacional" sobre el tema para que sea debatido por el Congreso.
Al conocerse su propuesta, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), que sigue las directivas de Abimael Guzmán, el líder histórico de la organización maoísta Sendero Luminoso condenado a cadena perpetua, apoyó en un comunicado las declaraciones de Vega.
El Movadef, que ahora plantea una "lucha política sin armas", aseguró que la iniciativa de Vega confirma sus posiciones.
"La amnistía general se abre paso, ya es una tendencia social y se impondrá más temprano que tarde porque es la única forma de solucionar políticamente los problemas derivados de la guerra interna de 1980-2000", indicó Alfredo Crespo, abogado de Guzmán.
Grupos de defensa de los derechos humanos rechazaron la propuesta de Vega porque dejaría en libertad a los condenados por violaciones a estos derechos como el ex presidente Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años de cárcel, y a Guzmán, así como a miembros de un grupo clandestino del ejército culpable de matanzas durante la guerra antisubversiva.
"El ministro Vega no tiene la más mínima idea de lo que es un proceso de reconciliación nacional, lo que preocupa porque es parte del Ejecutivo", aseguró el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
El ex canciller José García Belaunde discrepó de la propuesta de Vega y sostuvo que le parece "muy grave que en Perú se pretenda que a gente que cometió delitos de lesa humanidad se le perdone de buenas a primeras porque a alguien se le ocurrió". "Los sancionados bien sancionados están", sentenció.
Aunque el ministro, descartó que los que tengan condena firme sean liberados.
"Yo siento que el país tiene que entrar en un proceso de reconciliación política nacional. Lo que creo es que tenemos que dar amnistía en todos los sectores", lo que incluiría a guerrilleros, militares y políticos, afirmó Vega en el programa ADN Político, de Canal N de Lima.
AMNISTÍA PARA TODOS
El funcionario señaló que "cuando se entra en un proceso de reconciliación nacional, por más duro que suene, tiene que haber perdón y olvido para todos".
Argumentó que es necesario "tender puentes para consolidar el crecimiento económico del país para hacer sostenible la inclusión social".
Preguntado sobre a quiénes debería favorecer una medida como la que propone, el ministro respondió: "Se debería dar amnistía para todos".
Tras sus afirmaciones, Vega aclaró a la radio RPP que su opinión es "personal" y que no "es la voz del gobierno", a la vez que ratificó su postura a favor de un "acuerdo político nacional" sobre el tema para que sea debatido por el Congreso.
Al conocerse su propuesta, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), que sigue las directivas de Abimael Guzmán, el líder histórico de la organización maoísta Sendero Luminoso condenado a cadena perpetua, apoyó en un comunicado las declaraciones de Vega.
El Movadef, que ahora plantea una "lucha política sin armas", aseguró que la iniciativa de Vega confirma sus posiciones.
"La amnistía general se abre paso, ya es una tendencia social y se impondrá más temprano que tarde porque es la única forma de solucionar políticamente los problemas derivados de la guerra interna de 1980-2000", indicó Alfredo Crespo, abogado de Guzmán.
Grupos de defensa de los derechos humanos rechazaron la propuesta de Vega porque dejaría en libertad a los condenados por violaciones a estos derechos como el ex presidente Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años de cárcel, y a Guzmán, así como a miembros de un grupo clandestino del ejército culpable de matanzas durante la guerra antisubversiva.
"El ministro Vega no tiene la más mínima idea de lo que es un proceso de reconciliación nacional, lo que preocupa porque es parte del Ejecutivo", aseguró el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
El ex canciller José García Belaunde discrepó de la propuesta de Vega y sostuvo que le parece "muy grave que en Perú se pretenda que a gente que cometió delitos de lesa humanidad se le perdone de buenas a primeras porque a alguien se le ocurrió". "Los sancionados bien sancionados están", sentenció.
Aunque el ministro, descartó que los que tengan condena firme sean liberados.
Aunque uno esté por la reconciliación y contra todo tipo de violencia política, nunca debería equipararse la violencia que practican grupos armados contra el poder, con la violencia que se ejerce desde el poder. Siempre refiriendonos al campo político, otra cosa es el crimen organizado que tiene como único fin el beneficio económico y el control social.
Evidentemente cuando se plantea el hecho de la violencia, las víctimas son víctimas y no se puede reconocer ninguna diferencia. Pero cuando se plantea la violencia desde el estado, esta viene acompañada por actos indiscriminados que suspenden la ley, la cual debería ser el referente incontestable para que exista una base judicial, democrática, e igualitaria.
La violencia de estado es practicada de arriba a abajo, por tanto tiene una espesa trama de servidores que forman parte como funcionarios, pagados por los impuestos de todos, que se dedican a extender el terror, la tortura y el crimen. El potencial de un estado ejerciendo la violencia nunca es comparable en volumen al que puedan ejercer los grupos armados insurgentes, oficialmente llamados terroristas. Las pruebas siempre demuestran que cuando el estado ejerce una violencia política, el numero de víctimas se dispara a niveles exponenciales. No existen datos concretos, pues cada situación o país ha tenido diferentes intensidades, dependiendo el potencial peligro que representara la oposición armada. Pero fácilmente podriamos hablar de 1 a 100 o 1 a 1000. Es decir por cada muerto provocado por la guerrilla o la insurgencia, había 100 o 1000 provocados por el estado. Aquí hay que tener en cuenta un dato más, si bien las actuaciones de la insrugencia suelen ser selectivas, las del estado siempre terminan siendo generales. Es decir, desde el estado se mata o masacra con medios masivos y nunca se pregunta por culpables, simplemente se actua con un represalia que afecta a todos. Son las tácticas de siempre, empleadas desde el poder por las potencias coloniales y que posteriormente siempre han formado parte de las escuelas militares y policiales, en los manuales antiingurgencia. El ejemplo más destacado es aquel que dice: Para vencer al enemigo emboscado, o insurgente, hay que tratarlo como si fuera un pez, dejando sin agua el estanque donde se esconde. Eso significa eliminar todo tipo de apoyo que pudiera recibir, exterminando las poblaciones por donde pase la insurgencia. Hecho que demuestra que no se distingue entre población civil colaboradora, y población civil que tiene encuentros casuales. Desde el estado no se hacen diferencias, pues se trata de implementar una acción sistemática.
Obviando los fines ideológicos que conllevan el uso de la violencia, pues esta puede ser para luchar por la justicia y la igualdad, o puede ser para mantener unos privilegios y una injusticia. El hecho de ejercer la violencia como terror, o como lucha de resistencia, debería ser considerado como diferenciador.
Obviando los fines ideológicos que conllevan el uso de la violencia, pues esta puede ser para luchar por la justicia y la igualdad, o puede ser para mantener unos privilegios y una injusticia. El hecho de ejercer la violencia como terror, o como lucha de resistencia, debería ser considerado como diferenciador.
Por tanto, nunca es equiparable la violencia institucional, con la violencia insurgente, las cifras y los hechos lo demuestran..
No hay comentarios.:
Publicar un comentario